En el cambiante panorama del mercado inmobiliario español, la concesión de hipotecas muestra una tendencia decreciente, mientras que la compraventa de viviendas experimenta una notable desaceleración. Este fenómeno no es atribuible a la desaceleración de la economía española per se, sino más bien a las significativas subidas de los tipos de interés ejecutadas por el Banco Central Europeo (BCE) durante el último año, elevando el coste del dinero al 4%. Christine Lagarde, presidenta del BCE, ha insinuado recientemente la posibilidad de una nueva subida de tipos al final del mes en la próxima reunión del organismo.
Según datos recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de hipotecas constituidas sobre viviendas en abril cayó un 18,3% en comparación con el mismo mes del año anterior, registrando 27.053 préstamos, la cifra más baja desde diciembre de 2020. Este descenso marca el tercer mes consecutivo de tasas negativas en la firma de hipotecas sobre viviendas, siguiendo la tendencia de los meses anteriores.
Adicionalmente, el importe medio de las hipotecas sobre viviendas disminuyó un 4,1% interanual en abril, situándose en 136.945 euros, mientras que el capital prestado decreció un 21,6%, alcanzando los 3.704,7 millones de euros. Este freno en la concesión de hipotecas es reflejo del encarecimiento de la oferta y el endurecimiento del crédito por parte de las entidades bancarias.
No obstante, existen colectivos que se mantienen en una posición ventajosa ante las entidades financieras a la hora de suscribir una hipoteca. Los funcionarios, exceptuando a policías y militares por los riesgos asociados a sus profesiones, son el grupo preferido por los bancos debido a la estabilidad en el empleo y la seguridad en la continuidad de ingresos que les permite afrontar las cuotas mensuales. Asimismo, los empleados de empresas públicas disfrutan de condiciones favorables en la obtención de hipotecas.
Otros grupos beneficiados incluyen a los menores de 35 años, quienes pueden acceder a avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y a incentivos de la Comunidad de Madrid, entre otros. Además, las entidades financieras ofrecen condiciones más atractivas como un mayor porcentaje de financiación, recomendado por el Banco de España en un 80%, plazos de amortización extendidos más allá de los 30 años, intereses reducidos y en algunos casos, exenciones en el impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) proporcionadas por ciertas comunidades autónomas.
En resumen, los bancos tienden a priorizar a aquellos ciudadanos con ahorros, patrimonio, solvencia económica y estabilidad laboral, poniendo más trabas a las personas de mayor edad o con ingresos menos estables.
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